Se reveló un informe de la Auditoría General de la Ciudad que evidencia debilidades en el
“Programa a Todo Reciclado” (ATR), del Barrio Padre Carlos Múgica.
En 2018 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 6.129 que establece
en sus lineamientos principios de justicia ambiental y tiene por objeto la reurbanización e
integración de los barrios 31 y 31 Bis con el resto de la Ciudad de Buenos Aires y la radicación
definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las disposiciones de la Ley
Nº 3.343.
El programa ATR es uno de los ejes del proyecto de reurbanización, respecto a la recuperación
de basura y el reciclado. En el mismo se encontraron fallas administrativas respecto a la
estructura, se observó que las coordinaciones de las Gerencias Operativas, las áreas de gestión
de recursos humanos, presupuesto, administración, asuntos legales y evaluación carecen de
formalización, es decir no hay protocolos ni manuales de procedimientos en la base de la
estructura. Respecto a esto el Auditor General Lisandro Teszkiewicz señala: “Tanto el programa
ATR como la Ley de Basura Cero que también auditamos años anteriores, proponen soluciones
mágicas frente a una realidad ni siquiera cuentan con una gestión transparente ni regulación
interna”.
Entre otras cuestiones, no se encuentra establecido cómo se configura la relación entre el
Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CeDEL) y las empresas. Además, en su planta
física carece de ventilación en el baño para personas con discapacidad, presenta humedad en
cielorraso, vidrios rotos, ventanas bloqueadas que no ventilan, artefactos de luz mal instalados
entre otros incumplimientos.
En referencia a la gestión de recursos humanos, en su “Manual CeDEL” no están identificados
quienes se encargan de la recolección, además la nómina de personas no coincide con el listado
de transacciones. Por otro lado, carece de instrumentos para realizar actividades diagnósticas,
no hay equipo de trabajo, no determinaron criterios utilizados para la selección en la oferta de
cursos de capacitación y formación, ni actividades de inserción.
Respecto a esto el Auditor de Unión por la Patria resalta que “no se sabe que sucede cuando
los trabajadores no pasan el periodo de prueba en los puestos que ofertan, no hay criterios establecidos para abordar situaciones relacionadas con la violencia laboral, ni para las tareas
de mejoramiento, saneamiento, retiro y traslados de residuos áridos”.
En relación a la recolección de basura se detectaron debilidades del Sistema de registro de la
coordinación de cooperativas. Figuran dos empresas contratadas McKinsey y Deterra, pero en
la base de datos, entregada en una planilla Excel, no hay registro de la cantidad de materiales
disponibles para la venta, no dice quién realizó la fiscalización de las acciones de limpieza y
recolección de las cooperativas, en otros términos, no hay una trazabilidad de qué ocurre con
la basura.
Antes la ausencia de documentación física que da cuenta de la efectiva realización de la
inspección, es otorgada una plantilla de Excel. El Auditor general concluye: “esta planilla al
poder ser modificada, debilita la integridad y confiabilidad del sistema de supervisión y
monitoreo de la prestación. Por otro lado, que no haya un registro de la trazabilidad de la basura,
demuestra la poca intención de Macri por brindar transparencia respecto a la urbanización de
uno de los barrios populares más emblemáticos de la Ciudad, por ejemplo, contratando
empresas tercerizadas, cuando tenemos cooperativas que funcionan muy bien, es la evidencia
empírica que demuestra el verdadero interés en hacer negocios privados en vez de mejorar las
condiciones de vida de las y los vecinos”.