La norma es por sobre todas las cosas una propuesta de difusión de la participación ciudadana. Toma como mecanismos válidos para ejercerla, los que ya están creados por otras leyes, como la que regula las audiencias públicas, aprobada en marzo de 1998.Los puntos concretos del proyecto aprobado, más allá de los fundamentos que se resumen en “promover la participación”.
Premisas:
Promover la participación ciudadana instaurando la cultura participativa y el compromiso en la toma de decisiones de proyectos para el bien común.
Establecer los medios pertinentes para la promoción del ejercicio del derecho a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Fomentar el uso de las TIC en el ámbito de aquellos colectivos sociales que tienen más dificultades en ello y que garanticen el ejercicio de su derecho a la participación.
Desarrollar los procesos de participación ciudadana objeto de esta ley, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Establecer facilidades de publicación y difusión para el fomento de la participación ciudadana.
Establecer una agenda pública de consulta a la ciudadanía, grupos y organizaciones sociales en los temas de su competencia.
Programas de formación para el personal al servicio de la administración pública y medidas de concientización.
El punto que generó controversia fue el de la autoridad de aplicación. No quedó en manos de la Legislatura sino en el gobierno porteño. El legislador del Frente de Todos, Leandro Santoro, remarcó que la Constitución local “establece que la Ciudad organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”. “Esta norma podría ser un proyecto de declaración. Todos coincidimos en que tiene que haber una herramienta de este tipo. Hay que dar debate en la forma en la que se garantizará esa participación. Tenemos que empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de su participación ciudadana, para esto se necesita voluntad política por parte del gobierno y las prácticas que tiene están lejos de esto”.
La autora del proyecto, la legisladora de Vamos Juntos Lucia Romano fue consultada por Diario Z acerca de estos cuestionamientos. Según ella, la “ley asegura todo lo contrario porque, en el artículo 4, establece que se consideran mecanismos de participación ciudadana a los institutos ya creados por ley. Esto resguarda la función de la Legislatura, por sobre cualquier instituto que pueda impulsar el ejecutivo”.Es decir que, según Romano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta no podrá crear por decisión propia nuevos espacios de participación. Sólo se abocaría a la difusión.