El Frente Orgullo y Lucha adhiere al paro y movilización del 24 de enero en rechazo al mega DNU y la ley ómnibus.
El comunicado expresa: Con la firma del DNU 70/2023, el gobierno asume facultades del Congreso y violenta el principio de división de poderes con el objetivo de imponer un conjunto de reformas profundamente regresivas. El capítulo laboral, que ya fue suspendido por la justicia, además de “flexibilizar” las relaciones laborales y aniquilar el derecho a huelga agrava las condiciones para probar el despido discriminatorio.
La Ley Ómnibus impone el remate del patrimonio nacional y una amplia delegación de facultades del Congreso al Presidente de la Nación por dos años, prorrogables por el propio gobierno a dos más e incluye el aumento de las penas para las personas que protesten. Además, deroga la Ley 24515 de creación del INADI, organismo que tiene hoy más vigencia que nunca ante la necesidad global de ponerle límite a los distintos tipos de intolerancia.
También rechazamos la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su degradación a subsecretaría en el Ministerio de Capital Humano acotada a los temas de violencia y la eliminación de las políticas destinadas a la población LGBTINB+.
Estamos en alerta y exigimos la efectiva continuidad de la implementación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal “Diana Sacayan – Lohana Berkins” (N° 27636) en los tres poderes del Estado y responsabilizamos al gobierno nacional por su incumplimiento.
En defensa del derecho a la protesta, el Frente Orgullo y Lucha junto a más de 1700 organizaciones, firmó la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la ONU y la CIDH por el protocolo represivo contra las manifestaciones sociales.
Nos oponemos categóricamente al retroceso que significa para nuestros derechos como personas trans la eliminación de la figura de “personas gestantes” en la ley de los 1000 días, que brinda atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. También alertamos por la inclusión de la figura de “el niño por nacer” que busca contradecir el derecho al aborto legal seguro y gratuito que ganamos en 2020 para todas las personas gestantes.
También resulta de suma gravedad la modificación a la “Ley Micaela” de formación continua y transversal para todo el personal público en materia de géneros, tanto en sus temáticas y alcance, restringiendo las áreas obligadas a formarse, limitando sus contenidos a la “violencia familiar y hacia las mujeres” desconociendo la violencia ejercida contra las personas LGBTINB+.
En el contexto de la mega devaluación en curso y su descontrolado impacto inflacionario, nos declaramos en estado de alerta, asamblea y movilización y llamamos a adherir al paro y la movilización convocadas por las centrales sindicales para el 24 de enero.