El destrato de los choferes hacia pasajeras y pasajeros abre el debate sobre la falta de controles por parte de la autoridad competente.
No es verdad que el estricto uso y respeto a las paradas de transporte público generen un orden que redunde en mayor calidad de vida de los pasajeros. Nunca lo fue. Ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en ningún lugar del mundo. Es una enorme mentira considerar que un colectivo urbano no debe abrir sus puertas en una esquina en la que no está establecida oficialmente una parada, por cuestiones de seguridad.
Situación
Avenida Callao y Tucumán. La unidad 29 de la línea 37 ha debido detenerse por el semáforo. El ómnibus se encuentra quieto junto al cordón de la vereda. Una señora de aptitudes físicas en merma y que, sólo matemáticamente, podría ser la abuela del chófer del bondi, camina hacia la puerta de acceso al vehículo tras recorrer todo su lateral, desde atrás hacia adelante. Los pasajeros observan la escena. A la dama se la nota una actitud de confianza, casi de certeza respecto de que le darán acceso al coche. Pues, no. El colectivo está detenido como nunca se ha visto una arrimada al cordón semejante, estacionado casi ferroviariamente, con el escalón bien bajo, cómodo para poner el pie y subir sin sobresaltos, libre de movimiento, cuando aún faltan más de 30 segundos para el cambio en el semáforo. Pero no.
La señora, ostentando un nivel de educación que conmueve, levanta elegantemente su mano y completa su intento de llamar la atención con un pequeño movimiento de dedos, casi como pretendiendo demostrarle al conductor que ella no se ha dado cuenta de que lo que está sucediendo es un acto de insolidaridad deliberado, disfrazado hipócritamente de estricto cumplimiento de una ley, que hay que arrojar a la basura ya mismo.
El final del cuadro es lo más previsible y obvio de la secuencia: el fulano que detenta el volante hace un gesto negativo, arranca y se va, considerando que no ha cometido desaguisado reglamentario alguno.
Obsérvese que hemos elegido como ejemplo, un caso en el que empresas de transporte, autoridades de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires, la casi inútil CNRT y el Ministerio de Transporte de la Nación, pueden argumentar estar dentro del marco legal que determinaría que el chófer hizo “lo correcto”.
No hemos elegido los innumerables casos de cada día en el AMBA, en que colectiveros apelan a la arbitrariedad de esquivar paradas oficiales pour la galerie. Tampoco estamos haciendo referencia a la ilegal actitud de no abrir las puertas del ómnibus a quien lo reclama en una esquina cualquiera mientras llueve, cuando la ley obliga al conductor a hacer subir al pasajero.
Tampoco hemos hecho referencia a la comprobada teoría de que el colectivero o colectivera, que arbitrariamente deja a un pasajero de a pie, pudiendo haberlo evitado, demuestra sufrir uno y/u otro de los diagnósticos habitualmente observados en estos casos, como lo son, por un lado, el síndrome del abuso de un poder efímero y miserable y, por el otro, las frustraciones personales recurrentes.
Elegimos la circunstancia más difícil de encarar, ya que los interesados en mantener las normas duras del facilismo, conseguirían más argumentos para rebatirnos, ya que estamos pidiendo algo que va “contra la ley”.
Empecemos.
Las paradas, supuestamente, están establecidas para mantener un orden y, a su vez, cumplir con prescripciones de seguridad. OK. Veamos
1. En la Ciudad de Buenos Aires y en los Municipios del primer, segundo y tercer cordón del GBA no hay una señalización tan completa que identifique las paradas de todas las líneas, en todos los rincones de todos los recorridos. Esto significa que el globo del tan mentado “orden” pierde aire por la panza mientras se lo infla por el pico. Si el orden es relativo, el valor de una parada no puede ser tan estricto. Una parada puede ser una referencia de base y pueden plantearse endurecimientos para su respeto en lugares que lo ameriten de verdad, como los centros comerciales en sus horas más activas.
2. La seguridad. Aquí no hay ninguna abuela intentando subir al colectivo donde no hay parada. Hay un cuadro del que cualquiera de nosotros, haciendo memoria, encontrará que alguna vez, protagonizó: El 56 está llegando a una parada importante, sobre la Av. Eva Perón, en el Bajo Flores. Un grupo de personas, dentro del coche, se dispone a bajar. Otro tanto de gente se divisa en la vereda, alistándose para abordarlo. Dos vehículos complican al conductor y el bondi no puede arrimarse al cordón. La decisión es abrir las puertas y generar el recambio de pasajeros en el medio de la calle. Pero eso sí: exactamente a la altura del poste de la parada reglamentaria. Inseguro, pero legal.
Más allá de los casos testimoniales y las injusticias que invitan a disparar ironías y sarcasmos, existe un problema central en este respeto irrestricto, casi infantil que le debemos a la parada de colectivo: Las pólizas de seguros. Cuando se abre la puerta de un colectivo para habilitar el movimiento de pasajeros, la empresa de transportes sabe que si sucede algo fuera de lo normal y resulta que se produce fuera de los límites del reglamento que preserva los intereses de las compañías de seguros, éstas encontrarán la opción de no pagar o cubrir a medias el dinero establecido en los contratos ante eventuales incidentes.
Pues, bien. Habrá, entonces, que modificar también los alcances y las restricciones surgidas en las pólizas de seguro por accidentes. ¿Por qué? Porque son trabas a una posible futura normativa urbana que permita mejorar la calidad de vida de las personas de a pie en la ciudad.
Aproximadamente el 90% de las reglamentaciones viales y las inversiones de gran importancia en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios de las grandes ciudades de la Argentina, benefician a transportistas, automovilistas, motociclistas y ciclistas.
Las personas somos las mismas, pero cuando cumplimos el rol de conductores, peatones o pasajeros nos asisten diferentes derechos por cuyo equilibrio debemos trabajar mucho con responsabilidad y con ideas.
En tiempos de pandemia, las autoridades –luego de probar con un largo período de aislamiento- nos piden que seamos responsables con nuestra manera de proceder para evitar contagios. En una palabra, aflojaron las normas para que nos hagamos cargo -apenas, un poco- nosotros de garantizar los cuidados. Muy bien. Con la convivencia en el transporte, es igual: Deberían flexibilizar los reglamentos para seguir respetándolos, pero dejando muy en claro que una normativa de convivencia no es una ley marcial y que puede ser sustentada con el sentido común.
Finalmente, la clave mayor: Ha quedado claro que el transporte público es uno de los medidores directos de la calidad de vida de la sociedad. El vínculo entre pasajeros y los colectivos no puede, lamentablemente, ser regulado por personas que, durante toda su vida, sólo se manejaron con vehículos propios a todas partes.
Por Carlos Allo (Diario 5) para ACMV
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