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La imputación contra el presidente Mauricio Macri por supuestos negociados con los peajes, que involucra a Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por el pago por decreto de casi 500 millones de dólares a Ausol, y la sorpresiva apertura de la investigación por parte del fiscal Carlos Stornelli, nos lleva a dialogar con la abogada Julieta Rípoli, ex directora del departamento de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional quien en síntesis aportó sus testimonios sobre la génesis de dicha causa.

“Yo era abogada de vialidad,-recordó Rípoli-, y mi área eran las concesiones viales por lo tanto en ese marco y desde ese rol, participé de las reuniones que se sostenían al inicio de la gestión en el 2016 cuando una de las primeras medidas que tomó Vialidad Nacional, fue poner el acento en las concesiones viales. Los dos grandes negocios que al macrismo le interesaban desde la asunción de la gestión, eran la renegociación de los contratos de concesión de Ausol y GCO, de los accesos Norte y Oeste y de las nuevas licitaciones que se iban a realizar posterior a que se aprobaran”.

“En el marco de lo que tiene que ver con la denuncia puntual de Ausol, lo llamativo es que el fiscal es Stornelli, bastante vinculado al presidente, y que no se haya inhibido de actuar, me parece bien que haya requerido las medidas de prueba de las denuncias formuladas por los diputados de la oposición. En ese marco, en esas reuniones, lo que se pretendía era prorrogarle las concesiones y reconocerle el monto que las empresas vinculadas al Grupo Macri querían en 40 días hábiles, otorgarle la renegociación”.

“Como esto no se podía hacer de esta manera, -continuó explicando Rípoli- y así lo planteé en su momento, fue el primer obstáculo, y ahí se abrieron las tratativas, los expedientes, y demoró ese mismo acuerdo un año y medio”.

Consultada en Radio Belgrano concretamente sobre la denuncia formulada por los diputados nacionales, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrián Grana, y Carlos Castagneto, la abogada amplió:

“Esas empresas simularon una denuncia ante el CIADI; -si uno recuerda al principio Dietrich salió a decir que habían hecho un negocio que iba a beneficiar económicamente a la Argentina porque estaban siendo denunciados ante el CIADI por una suma millonaria- creo que por 1.100 millones de dólares, un monto que no terminaron de justificar, y que entonces el acuerdo por 500 millones en relación a Ausol, era beneficioso para la Argentina”.

“Eso es mentira -afirmó Rípoli- y ese es el punto ácido de lo que se denuncia como estafa porque en verdad en los 25 años que duró la concesión -desde el ‘94 que se adjudicaron los tres accesos a la Ciudad de Buenos Aires-, primero hubo un tratamiento abiertamente diferencial entre lo que fue el acceso Sur (Richieri uno de cuyos accionistas era Cristóbal López, que era el dueño de uno de los medios opositores C5N y ahora está detenido), y un tratamiento diferenciado también con la concesión de los accesos norte y oeste, que renegociaron sus contratos, y se vieron beneficiados ampliamente con la medida”.

“Pero Abertis, que es la empresa extranjera -continuó diciendo- simula una demanda contra el estado nacional. A poco de conocerse el resultado de las PASO en el 2015, Macri uno de los socios de esa empresa, se perfilaba como candidato a la presidencia, lo que hizo la empresa de -Ausol- fue presentar un tímido reclamo administrativo ante lo que era el Ministerio de Planificación en ese momento”.

“Empieza a correr el reclamo administrativo y vienen las elecciones presidenciales. Cuando gana Macri las elecciones, posterior a ello, uno de los socios de la empresa, lo que hace Abertis su socia comercial extranjera, es presentar la demanda ante CIADI, que además no estaban dados los presupuestos para que pudiera acceder al CIADI porque no se habían agotado las instancias judiciales internas de Argentina. Para poder acceder al CIADI -aclara Rípoli- Abertis primero tenía que haber recurrido a la instancia judicial argentina, haber agotado todas las instancias, o transcurrido el plazo de un año y pico que estaba previsto en los tratados bilaterales que preveía el acceso a los tribunales arbitrales del Banco Mundial”.

“O sea, fue toda una puesta en escena, tanto es así que tres días antes de asumir Macri la presidencia, pero ya habiendo ganando las elecciones, Abertis presenta la demanda formalmente que es respetada. El 7 de diciembre Abertis presentó la demanda ante el CIADI, el 10 de diciembre asume Macri y el 17 de diciembre el CIADI acepta formalmente la presentación de dicha demanda. Después la Procuración del Tesoro por conducto del Procurador Balbín, ex juez de la Ciudad, lo que hace es presentar la defensa técnica del estado como haría cualquier procurador con sentido común y jurídico de defensa de lo nacional, en ese marco plantea una defensa que tenía que ver precisamente con que no estaban habilitadas las condiciones del CIADI para intervenir, y plantea: “separemos el fondo de la forma”, porque ni siquiera estaban dadas las formas para que Abertis, empresa extranjera socia de Ausol y del GCO, pueda recurrir al CIADI”.

“Esa primera defensa presentada por el estado argentino había sido respetada, tanto es así que le molestó evidentemente a los funcionarios, que Macri desplazó a Balbín porque había puesto reparos en relación al tema puntual sobre los peajes, el aumento de las tarifas dolarizadas, etc”.

Después en 2017 a lo largo del gobierno aumentaron un 400 % los peajes, y Macri vende su participación en Ausol.

Claro porque ya estaba en boga el planteo el caso de corrupción más grande que es el Correo Argentino, lo que Macri tenía que hacer, que era presidente y socio de Ausol y al mismo tiempo estaba aumentando las tarifas de los peajes y beneficiándose económicamente con eso, era desprenderse de esas acciones; y lo que hizo fue aumentar dos o tres veces en ese año los peajes y como ya se descontaba el acuerdo de renegociación integral, donde se iba a prorrogar diez años más la concesión, Macri pudo vender las acciones de Sideco y desprenderse de sus acciones. Si no se hubiera descontado hipotéticamente la prórroga de la concesión, Macri no hubiera tenido las ganas antes que tuvo de desprenderse de las acciones de Ausol respecto a Sideco americana, porque la concesionaria Ausol S.A es una empresa de objeto único conformada al solo objeto de hacerse cargo de la concesión del acceso norte.

“Cuando en el año 94 se adjudican los contratos de concesión de los tres accesos; el del acceso Norte es adjudicada a Sideco americana, o sea a la empresa de los Macri y a otras tantas empresas que conformaban el consorcio de empresas y se juntan. Y por pliego del contrato, tenían que conformar una nueva sociedad anónima que se denominó Ausol. La génesis es esa”.

¿Te sorprende esta decisión del fiscal Stornelli de plantear la apertura de la investigación durante la Feria judicial?

“No me sorprende por lo que se está denunciando objetivamente de fondo, pero sí porque es Stornelli que está muy vinculado al presidente de la nación. Obviamente estamos en un año electoral, y los tiempos electorales tienen que ver con esto. Stornelli y su carrera judicial está muy manchada con todo lo que vino pasando que es de público conocimiento y desde ese lugar me sorprende, pero para bien. Entiendo que debería haberse inhibido y haber actuado otro fiscal, pero en este marco de situación, me sorprende para bien que haya adoptado y requerido estas medidas. Dentro de todo lo negativo que se puede observar del funcionamiento de los tribunales federales de Comodoro Py, y particularmente de estos jueces muy vinculados al poder de turno, me sorprende para bien”-concluyó la abogada-.

¿En cuánto tiempo se podrá tener novedades sobre esta cuestión que hoy fue noticia?

Los tiempos van a variar. Son todas actuaciones administrativas y expedientes que ya existen en los registros de los entes públicos a los que se está requiriendo. Si quisieran en una semana pudieran tener todas las actuaciones administrativas con las sedes de las fiscalías.