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Por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada aclaró que, por ese lapso de tiempo, se establece una reducción del 95% de la alícuota prevista en el artículo 19 de la Ley N° 27.541, que se destine al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios relacionados con la salud.El Gobierno estableció por el plazo de 90 días, un tratamiento fiscal diferencial a los empleadores de las actividades relacionadas con la salud, en lo que respecta a las contribuciones patronales, el impuesto al cheque y otras operatorias.

El Gobierno estableció por el plazo de 90 días, un tratamiento fiscal diferencial a los empleadores de las actividades relacionadas con la salud, en lo que respecta a las contribuciones patronales, el impuesto al cheque y otras operatorias.

Por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada aclaró que, por ese lapso de tiempo, se establece una reducción del 95% de la alícuota prevista en el artículo 19 de la Ley N° 27.541, que se destine al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios relacionados con la salud.

 

Además, indicó que las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias serán del 2,50‰ y del 5‰ para los créditos y débitos en cuenta corriente y para las restantes operaciones, cuando se trate de empleadores correspondientes a establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.

 

Por su parte, la AFIP fue facultada a identificar las categorías del personal del servicio de salud que resultan alcanzados por las previsiones de este decreto.

 

Para el Poder Ejecutivo, en la lucha contra la pandemia de coronavirus «se encuentran comprometidos los establecimientos e instituciones relacionados con la salud, a quienes se debe apoyar especialmente».

 

«A raíz de la situación de emergencia no sólo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud, sino también coordinar esfuerzos en aras de garantizar a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud el acceso a las prestaciones médicas necesarias», según el texto oficial.

 

El decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni.